Hay una comedia de enredos que se repite cada vez que la derecha gobierna: en campaña prometen austeridad espartana, vociferan que van a terminar con los “pitutos” y juran que recortarán el gasto fiscal “donde sobra”. Pero una vez instalados en los ministerios, el libreto da un giro descarado: motosierra para el técnico, la enfermera y el administrativo que atienden a la ciudadanía, y aumentos de sueldo bajo cuerda para los cargos de confianza del Ejecutivo.
El Gobierno de José Antonio Kast ha desatado una ofensiva implacable para desprestigiar y degradar a los funcionarios públicos. La narrativa oficialista, amplificada en matinales y redes sociales, insiste en catalogar a quienes mueven el aparato público como una carga innecesaria, preparando el terreno para despidos masivos y desmantelamiento de programas sociales.
Como denunció tajantemente Cynthia Segovia, secretaria general de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT):
Existe un desprecio evidente hacia los funcionarios públicos por parte de este gobierno. Sin la administración pública, Chile sencillamente no sería nada. Lo que nuestro pueblo necesita es un Estado robusto para hacer frente a la crisis, no un desmantelamiento a ciegas que deja a las familias trabajadoras sin salud, sin educación y sin apoyo.Cynthia Segovia, secretaria general de la CAT
La trampa de la motosierra importada: comparar peras con manzanas
El Ejecutivo pretende justificar un tijeretazo de US$ 6.000 millones escudándose en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre ineficiencia en el gasto. Pero la conveniencia política suele omitir la letra chica: Chile cuenta con el gasto público más eficiente de toda América Latina.
Mientras países vecinos duplican o triplican los niveles de desvío e ineficiencia, la administración pública chilena estira cada peso disponible. Tratar de importar la retórica de la “motosierra a lo Milei” no sólo es un error técnico; es una impostura ideológica. Argentina ostenta los índices de ineficiencia más altos de la región; Chile, en cambio, ya opera con un Estado que figura como el segundo con menor gasto público de toda la OCDE en relación con su Producto Interno Bruto.
| Indicador | Chile | Promedio OCDE | Países nórdicos (Dinamarca / Suecia) |
|---|---|---|---|
| Gasto público como % del PIB | ~25% | ~40% | > 50% |
| Eficiencia del gasto (BID) | 1.º en América Latina | — | Alta |
| Nivel de cobertura social | Fragmentado / en crisis | Universal y sólido | Bienestar integral |
La comparación internacional derrumba el mito del “Estado obeso”. En las economías desarrolladas a las que Chile dice aspirar, el tamaño del Estado supera con creces el 40% o 50% del PIB, garantizando educación pública de excelencia, salud universal de primer nivel y redes de seguridad social que protegen a las familias trabajadoras. Incluso naciones como Nueva Zelanda, con un gasto público en torno al 35%, han alcanzado estándares de modernización mediante procesos inteligentes y digitalización, no a través de purgas laborales para abaratar costos.
El problema no es el tamaño, es la gestión y la probidad
Un Estado funcional no es el que gasta poco para que los privados acaparen el resto; un Estado funcional es el que gasta bien, invierte con foco social y responde con prontitud.
En Chile, el discurso de achicar el Estado ha significado someter a las instituciones a un estrés constante:
- Rezago tecnológico y de gestión: nuestro país ocupa el puesto 45 en el Índice de Competitividad Global. El estancamiento no se debe a que sobre personal en ventanillas o consultorios, sino a la falta deliberada de modernización y capacitación continua.
- Precarización de quienes ejecutan la política pública: se exige calidad mientras 7 de cada 10 funcionarios del Estado se mantienen bajo la incertidumbre de la contrata y el honorario, erosionando la carrera funcionaria.
- Casos aislados que nunca terminan: la opacidad y el nepotismo en la designación de operadores políticos contrastan con los estándares de probidad de países como Finlandia. El problema de corrupción no radica en el técnico del Registro Civil ni en la auxiliar del hospital, sino en las cúpulas que administran el botín de turno.
Despedir a quien no cumple sus labores es una obviedad administrativa de cualquier organización seria. Pero desmantelar servicios esenciales, cancelar reemplazos de personal y frenar la inversión tecnológica en nombre de una pureza de mercado sólo condena a los servicios públicos a un colapso deliberado. El fin no confesado es evidente: empujar a la ciudadanía hacia el negocio privado en salud, previsión y educación.
La hipocresía de la austeridad selectiva
Resulta inaceptable que mientras se congela el reajuste salarial de la mayoría de los servidores públicos —cuyo salario base en muchos escalafones ha quedado hasta un 20% por debajo de la línea de la pobreza—, las jefaturas y los asesores designados a dedo por La Moneda experimenten reajustes privilegiados.
Desde la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) no permitiremos que se use a las y los funcionarios públicos como chivos expiatorios para cuadrar la caja que vaciaron con sus propios perdonazos tributarios a las grandes corporaciones. La dignidad del servidor público es la dignidad del servicio que recibe el pueblo chileno. ¡A defender el Estado social, a sus trabajadores y a frenar la motosierra patronal!
